Morelia, Mich., 13 de julio de 2022.- Los excesos y los abusos en algunas entidades públicas, como son los organismos públicos autónomos, continúan aún en oposición a los principios e ideales de la Cuarta Transformación. Sobre todo a nivel de entidades federativas. Así, tenemos en Michoacán entes públicos que devoran grandes cantidades de recursos tan solo para el pago de la nómina, especialmente para sus altos directivos, algo similar a lo que ocurre con el Instituto Nacional Electoral (INE), donde incluso muchos de los consejeros nacionales y funcionarios de diferentes niveles se han amparado con el propósito de mantener sus privilegios. Un ejemplo de esos privilegios que ostenta un pequeño y "selecto" grupo de funcionarios impulsados y nombrados de acuerdo con su afinidad hacia los partidos políticos son los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), mientras los servicios públicos, programas, obras y acciones de gobierno carecen de los suficientes recursos para atender las necesidades de la población. Con un estado sumido en una crisis financiera arrastrada desde hace varios sexenios, parte de esa élite ostenta grandes beneficios que un profesionista o un trabajador común jamás verá, ya que no forma de la clase política que se regodea con el poder. De acuerdo con información del propio órgano jurisdiccional, su presidente Salvador Alejandro Pérez Contreras gana cada mes la exorbitante cifra de 152 mil 570 pesos de sueldo bruto. En tanto, las magistradas, entre ellas Yolanda Camacho Ochoa y Alma Rosa Bahena Villalobos, perciben cada mes 145 mil pesos brutos. Dichos magistrados podrán alegar que el sueldo neto es inferior a esas cantidades, de las cuales se supone se les hacen algunos descuentos como el ISR, sin embargo, los altos salarios no es lo único que tienen a su favor. Dichos funcionarios electorales, que tanto le cuestan al presupuesto estatal, también cuentan con otros privilegios a cargo del erario: camionetas a su servicio, el pago de la gasolina, el pago seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa, pago de telefonía celular, posiblemente caja de ahorro, primas vacacionales altas, aguinaldo sujeto al tiempo que ellos mismos se establecen, lo que hace que sus servicios sean ostensiblemente onerosos para las y los michoacanos. Ya en 2014, el sueldo bruto del presidente o presidenta del TEEM era de 106 mil 989 pesos, con un supuesto sueldo neto (empleamos el término supuesto porque esas son las cifras que el organismo da sin comprobante adjunto) de 98 mil 924. Es decir, si en 2022 el sueldo bruto es de 152 mil 570 pesos, significa que de 2014 a la fecha la remuneración de las y los señores magistrados ha sido de más de 45 mil pesos. Sin embargo, eso no es todo, ya que también de manera anual se otorgan a sí mismos grandes cantidades de recursos a través de bonos o estímulos, con los cuales se premian por ocupar una magistratura. Pero el asunto va más allá, porque dichos bonos, los cuales deberían ser únicamente para las y los trabajadores, son de manera anual. De esa forma, la periodista Patricia Monreal reveló en mayo pasado a través del sitio Revolución3.0 que: "Pese a que el 2022 no es un año electoral, en el Tribunal Electoral del Estado se determinó por mayoría otorgar “estímulos” económicos, en donde cada magistrado se embolsará 142 mil pesos por estímulo acordado." A decir de la nota periodística, la única magistrada que se opuso a su aprobación, solicitando primero se pidiera una opinión a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), fue Yurisha Andrade Morales, con el fin de evitar incurrir en responsabilidades. Votaron a favor de darse el bono: Salvador Pérez Contreras, Yolanda Camacho Ochoa y Alma Rosa Bahena Villalobos. Por supuesto, la autoadjudicación del bono se dio bajo el pretexto de que el bono era para reconocer la labor de las y los trabajadores del TEEM. Es decir, se utiliza o se poner por delante al trabajador, para poder regalarse un estímulo que, en su caso, equivale prácticamente a un mes de sueldo. En contraste, fiel a la ideología político-partidista que los llevó al TEEM, como en el caso de Pérez Contreras, aplican la misma filosofía del dirigente nacional priísta, Alejandro Moreno "Alito", para matar de hambre no a los periodistas, sino a diversos proveedores a los cuales se les adeudan pagos desde hace un año. Tema que se abordará en una siguiente entrega, donde se citan varios de los casos. Especialmente, resalta el hecho de que, con especial vehemencia, Pérez Contreras y Camacho Ochoa se niegan al pago de proveedores contratados durante el periodo en que Yurisha Andrade Morales ocupó la presidencia del TEEM, desde donde se ha ocupado de intentar limpiar y erradicar diversas irregularidades que encontró en el órgano electoral desde su llegada. Así, mientras por un lado presumen ser los impartidores de la justicia electoral, por otro, aplican las mismas prácticas presumidas por Alito, motivados al parecer por una venganza contra la magistrada Yurisha Andrade Morales, a quien se le conoce por tener un importante papel en la batalla contra las presuntas irregularidades y opacidades que privaron en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), durante la gestión de Ramón Hernández Reyes, y que finalmente obligaron a este a presentar su renuncia a petición de consejeros del INE.
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