Humberto Castillo Mercado Morelia, Mich., 08 de junio de 2022.- Desairados por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, comunicadores michoacanos manifestaron hartazgo, falta de voluntad y compromiso del gobierno estatal, en la Fiscalía General de Justicia del Estado y otras instituciones encargadas de brindar seguridad y protección al gremio, como lo pretende una iniciativa de Ley sobre la materia que se busca integrar. Reunidos en Casa de Michoacán, casi un centenar de reporteras, reporteras, fotógrafos, fotógrafos y camarógrafos, mostraron indignación durante la Mesa de Dialogo para la Ley de Prevención a personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo evento inició poco después de las 9: 00 horas, de este 8 de junio. Al medio día, el recinto fue abandonado por la mayoría de participantes, en su mayoría comunicadores. Del citado espacio, también salió el secretario de Gobierno, a temprana hora, justo antes de que las reporteras y reporteros iniciaran sus propuestas, lo cual molestó a los comunicadores, quienes no tuvieron empacho en manifestarlo ante el micrófono. Solo escucharon a Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Elvia Higuera Pérez, subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno estatal, a quienes también les reprocharon que muchos o todos los ahí presentes no fueron invitados. Patricia Monreal del Colectivo NiUnoMás Michoacán, expresó que “nuestra participación en este Diálogo con la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, no parte de la “buena fe” o el voto de confianza, sino de la exigencia por el cumplimiento cabal de las responsabilidades que les mandata la Ley, así como de los pactos, convenios y tratados internacionales que México ha suscrito y ratificado”. Al dar lectura a un documento, precisó que “partimos de un profundo escepticismo sobre el rumbo final de los trabajos realizados en diferentes entidades federativas del país, tomando en cuenta la intención de que la iniciativa de Ley sea presentada en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso Federal –que arranca en septiembre-, sin que exista aún claridad de cómo serán procesados los planteamientos y propuestas generadas a lo largo de estos Diálogos”. La reportera de Contramuro y Revolución News, destacó que no se debe caer en la simulación pretextando que la Ley fue consultada y que la participación que periodistas y defensores de derechos humanos han realizado en estos Diálogos. Hay serias dudas sobre los criterios que el Estado Mexicano sigue para determinar ¿quién es o no periodista?, ¿bajo qué valoraciones se desestima el ejercicio periodístico como posible causa de la muerte, desaparición o condición de riesgo de un compañero?, precisó. ¿Qué sucede con aquellos que desaparecen, mueren o son violentados como resultado de una acción para silenciar al medio para el que trabajan?, ¿deben ser excluidos o invisibilizados de los crímenes que se perpetran para inhibir el ejercicio periodístico?, ¿tienen menos valía porque su función es distinta a la de un reportero, fotógrafo o directivo?, subrayó al continuar dando lectura al documento. En el recuento del Colectivo NiUnoMás Michoacán, suman 14 compañeros asesinados y seis desaparecidos en el estado de 2006 a la fecha. Dos de ellos este 2022: Roberto Toledo y Armando Linares. Previo a ser asesinado el pasado 15 de marzo, Armando manifestó su desconfianza al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la voz que alzó para denunciar ser víctima de amenazas no valió para evitar su muerte. En 2017 nuestro compañero Salvador Adame Pardo fue desaparecido y asesinado a pesar de estar bajo “la protección” del Mecanismo, dijo. En mayo pasado una compañera del interior del estado, se enteró que estaba contemplada dentro del Mecanismo, a dos años de distancia de haber sido baleada por elementos de seguridad del Gobierno del Estado. En Michoacán hoy lo vivimos, ejemplos sobran. Desde las esferas del poder público estatal y municipal, se instrumenta como política de comunicación social la presión del dinero vía convenios de publicidad –o la promesa de éstos- para censurar periodistas, manipular hechos, tergiversar realidades, y denostar informaciones, agregó. Asimismo, señala el documento que, las autoridades aplican a pie juntillas aquello de que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos sino de hambre”, claras están que el poder económico es un arma efectiva contra periodistas y que –a diferencia de una pistola- no conlleva el riesgo de procesos judiciales. Por su parte, Andrés Resillas, presidente de la Asociación Michoacana de Periodistas, recalcó que para el gremio y los ahí presentes, es una lástima que no estén presentes, el gobernador y el secretario de gobierno. Dijo que debe existir, voluntad para que no se politice la nueva norma y que sean los comunicadores los que determinen la nueva norma, mediante estándares internacionales “Si no nos dejan avalarla, será una ley inútil”. Benjamín Álvarez del portal Contramuro, aseveró que “no hay confianza, del ciudadano y periodista de a pie”. Destacó que sea grave que las principales agresiones vienen de los mismos políticos, más que de los periodistas que cubren la nota policiaca, y que según el informe gubernamental, las amenazas y agravios contra comunicadores son por parte del crimen organizado. “No veo autocritica, no hay acciones de la Fiscalía, no hay avances, no hay confianza”, destacó. Cecilia Sierra, de los portales de noticias, Quadratín y Estenógrafo, agredida por policías ministeriales esta misma semana, cuando cubría un accidente vehicular en la salida a Salamanca, detalló que es grabe que los propios policías de todos los niveles no están informados, como actuar en eventos de esa índole y que protocolos implementar en el trato a periodistas. “Primero se debe capacitar a los Policías, de nada sirven protocolos si no se conocen por los servidores, faltaron representantes de presidentes municipales”. Destacó que es grave que los principales agravios contra los comunicadores, no son del crimen organizado, como se ha dicho, ya que el 80 por ciento son de políticos. Ely Castillo, del portal de noticias, Changoonga, destacó que fue amenazado por un programa de radio, que ya no realiza, donde alguien le llamó a nombre del gobernador del estado, para que “le bajara de huevos”. Y después de cuatro meses, que recibió las amenazas, hasta hace poco, el asunto se dio a conocer. Se le ofreció protección por parte de la Policía de Morelia, cuya seguridad, seria durante un mes, pero no duró ni cuatro días. De parte de la Fiscalía General de Justicia, pese a que se presentó denuncia, la respuesta ha sido nula hasta el momento.
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